Hoy, 25 de noviembre, nos convocamos para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La violencia machista tiene muchas formas y el impacto en sus vidas depende, en gran medida, de la garantía de acceso a derechos básicos para su reparación.

De todas las formas de violencia machista, las violencias sexuales son las más prevalentes, las más invisibilizadas y las más naturalizadas. Todo esto hace de las violencias sexuales un componente central del patriarcado. No tienen que ver con el sexo sino con el poder. El poder de cosificar, de humillar, de dominar, de disciplinar, de generar miedo y de restringir la libertad de las niñas, las adolescentes y las mujeres. El poder de crear la expectativa social que los hombres tienen que tomar la iniciativa en el sexo y no pararse hasta recibir una negativa directa. Incluso el poder de ignorar una negativa o de traspasar los límites con la insistencia.

También el poder de producir un sentimiento de vergüenza por haber sufrido una agresión sexual, el poder de responsabilizar y culpabilizar las víctimas/supervivientes (como iba vestida, qué había consumido, en qué lugar estaba, si iba sola...) en lugar de señalar el agresor como único responsable. O el poder de poner en entredicho la intención de las denunciantes. Y, de manera capital, el poder de crear un imaginario en que las agresiones las comete un desconocido en el espacio público con perfil psicópata y depravado, a pesar de que la mayor parte de las agresiones, especialmente aquellas más graves, ocurren en espacios considerados privados y los agresores más habituales no tienen un perfil concreto. Las cometen amigos, parejas, compañeros de estudios o de trabajo, vecinos, familiares o referentes próximos.

Los movimientos feministas de todo el mundo se han rebelado contra este poder patriarcal, han señalado las causas y las consecuencias de las violencias sexuales y han identificado las diversas expresiones en todos los ámbitos en que ocurren (familiar, de la pareja, social o comunitario, laboral, educativo, digital o político). También han denunciado la cultura de la violación que normaliza y acepta la violencia sexual hacia las mujeres y han generado una oleada de sororidad para reconocer la voz de las mujeres que denuncian y para acompañarlas.

Simultáneamente, los feminismos han impulsado dos grandes cambios. En primer lugar, han puesto el consentimiento en el centro. La libertad sexual incluye practicar sexo tan a menudo como se quiera y con quien se quiera, así como rechazar hacerlo. Esto interpela toda la sociedad y especialmente a los hombres, para que se desprendan de los estereotipos y de los roles de género en que los socializa el patriarcado, para que aprendan a identificar en ellos mismos y en el suyo en torno a amistades, familiares y compañeros de trabajo o de ocio todas aquellas actitudes y conductas que legitiman, banalizan o que directamente constituyen violencia sexual.

Y, en segundo lugar, los feminismos han exigido que se haga efectiva la diligencia debida de los poderes públicos y que se erradique toda forma de violencia institucional. Una responsabilidad que alcanza tanto las políticas de prevención como las de reparación, las cuales tienen que estar suficientemente dotadas de recursos económicos y requieren la máxima colaboración y cooperación interinstitucional e intersectorial.

Un compromiso con la garantía de todos los derechos que se ven vulnerados con las violencias sexuales: desde el derecho a la seguridad, al derecho a la integridad física y psicológica, pasando por el derecho a la salud, el derecho en la educación o el derecho a la participación social y política. En definitiva, un compromiso con la libertad de las mujeres que nos tiene que hacer también una sociedad más libre.