Nota preliminar

Esta tesina fue defendida el 17 de febrero de 2026 ante el tribunal formado por los doctores Josep M. Martí Bonet, Josep Oton Catalan y Diego Sola Garcia, con la presencia del decano de la Facultad de Teología, doctor Marcos Aceituno y la jefa de estudios del ISCREB, doctora Núria Caüm, a quienes agradezco profundamente sus comentarios y observaciones. Igualmente, quiero expresar mi agradecimiento al ISCREB por brindarme la oportunidad de publicar la tesina en su web haciéndola así accesible a cualquier persona interesada en el tema, sin perjuicio de que en el futuro se pueda editar como libro junto con el texto de El vasallo instruido.

El texto que aquí se presenta ha sido objeto de una última revisión con el fin de incorporar algunas de las sugerencias y recomendaciones que aportaron los miembros del tribunal, con vistas a la publicación de la tesina. En general, se trata de cambios muy puntuales con dos excepciones que es necesario que el lector conozca: la ampliación del apartado 2.1 titulado «El absolutismo y el despotismo ilustrado en la España borbónica» para explicar la génesis de la teoría del origen divino de la potestad de los monarcas y su evolución hasta la eclosión del absolutismo, por una parte, y el añadido del apéndice 7.3 para desarrollar, aunque sea mínimamente, la comparación de la teoría política de Antoni Vila con las fuentes de la autoridad política según la Doctrina Social de la Iglesia. Por último, he aprovechado la ocasión de esta revisión para incorporar un apéndice gráfico pensando que podrá resultar útil al lector para ilustrar algunos de los elementos y personajes que aparecen citados en este trabajo.

Introducción

«¿Es un motín, esto?», preguntó el rey Luis XVI la mañana del 15 de julio de 1789 al enterarse del asalto a la Bastilla. «No, sire, no es un motín; es una revolución», respondió el duque de Rochefoucauld-Liancourt. El ingenuo e indeciso monarca francés aún pensaba que asistía a una sucesión de motines pasajeros que se podían reconducir sin excesivas dificultades. No se daba cuenta de que desde hacía dos meses se estaban produciendo una serie de grandes transformaciones que, en poco tiempo, acabarían por derribar el fastuoso edificio de la monarquía francesa, sostenido sobre una sociedad fuertemente jerarquizada. En realidad, el rey había abdicado sus poderes absolutos el 27 de junio anterior cuando reconoció la Asamblea Nacional. El 9 de julio, la Asamblea desafiaba al monarca y se declaraba constituyente, dispuesta a elaborar una Constitución política. Sin embargo, en aquel verano de 1789 la revolución de las élites se vio desbordada por las masas populares, tanto en las ciudades como en el campo. Una presión que obligó a la nueva cámara legislativa a acelerar la demolición de lo que ya se llamaba Antiguo Régimen: la abolición del feudalismo y de los privilegios estamentales y territoriales (4 de agosto), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto) y la nacionalización de los bienes de la Iglesia (2 de noviembre).

Desde Madrid, un presbítero nacido en la Menorca Británica, Antoni Vila i Camps (Ciutadella de Menorca, 1747-Gea de Albarracín, 1807), contemplaba alarmado el huracán revolucionario que amenazaba con desbordar los límites del Hexágono para caer con fuerza sobre todo el continente. Con el mismo temor, el nuevo rey de España, Carlos IV, y su primer ministro, conde de Floridablanca, habían impuesto el silencio informativo sobre los acontecimientos del país vecino, además de un fuerte control de fronteras para impedir la entrada de cualquier tipo de propaganda revolucionaria. Con todo, estas medidas no impidieron que se supiera, al menos entre los grupos influyentes y mejor informados, lo que estaba pasando en Francia y las incógnitas que se cernían sobre el proceso revolucionario recién iniciado. El papa Pío VI, por su parte, aunque en privado ya había hecho saber su oposición frontal al proceso revolucionario, no se pronunció públicamente hasta el 10 de marzo de 1791 con el breve Quod aliquantum. Era la respuesta oficial de la Santa Sede a la Constitución civil del clero aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 1790 y sancionada a regañadientes por Luis XVI.

Ante esta situación, Antoni Vila decide hacer su contribución a la defensa de la monarquía absoluta tal como se había configurado tras las reformas del reinado de Carlos III. Su eje discursivo es doble. Por una parte, quiere demostrar que la autoridad y la soberanía de los monarcas proceden directamente de Dios y que esta sacralización se hace extensiva a los representantes de la autoridad regia. Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, expone las obligaciones que el vasallo católico tiene hacia su soberano, con el cual está ligado no solo jurídicamente, sino sobre todo moral y religiosamente. Además, la argumentación de Vila no se apoya en principios filosóficos, políticos o jurídicos, sino en los dos pilares que sustentan la fe católica: la verdad revelada en la Sagrada Escritura y la Tradición. En este sentido, el largo título del libro es suficientemente explícito: El vasallo instruido en las principales obligaciones que debe a su legítimo monarca. Obra sumamente importante, en la que por sus autoridades de la Divina escritura, Santos Padres, Concilios y Sagrados Cánones, se manifiesta la debida sumisión, respeto, amor y fidelidad que todos los vasallos deben a su legítimo Soberano, y a los Ministros que en su Real Nombre están encargados del gobierno de sus respectivos Reynos y Provincias.

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