El derecho a creer, vivir y expresar públicamente la fe sin censura ni autocensura ha centrado la ponencia de la jurista Carolina Bueno, titulada "Exercir la llibertat religiosa" (Ejercer la libertad religiosa). Durante el acto, organizado por el ISCREB, Bueno ha destacado que la libertad de conciencia es la fuente del resto de los derechos fundamentales y una columna de la sociedad democrática. La ponente ha advertido de que actualmente se percibe un retroceso global y una falta de valoración de este derecho, señalando la persecución de millones de cristianos en el mundo y la desatención que sufren las minorías religiosas en España ante las restricciones y las faltas de respeto hacia el hecho religioso.

Bueno ha iniciado su intervención analizando el artículo 16 de la Constitución Española, que otorga la máxima protección jurídica a la libertad religiosa, ideológica y de culto. La jurista ha explicado que este artículo, junto al principio de cooperación, establece una «laicidad positiva» donde el Estado renuncia a asumir una religión concreta pero se obliga, de manera imperativa, a mantener relaciones de cooperación con las confesiones. Ha añadido que la libertad religiosa está vinculada a otros derechos como la libertad de expresión, la igualdad y la educación de los hijos. Respecto a los límites basados en el orden público (seguridad, salud, moralidad y derechos ajenos), ha defendido que deben interpretarse de forma restrictiva bajo el principio de «libertad hasta donde sea posible, orden público solo hasta donde sea necesario».

La ponente ha desgranado el contenido de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que recoge la dimensión interna de la fe —el derecho a profesar, cambiar o abandonar unas creencias—, la cual es jurídicamente ilimitada. No obstante, se ha focalizado en la dimensión externa o activa: el derecho a manifestar libremente las creencias en el ámbito privado y público. Bueno ha criticado con dureza las posturas que intentan exigir una «asepsia total» para expulsar el hecho religioso del espacio público, recordando que la opción por la no religión también es una postura particular y que el Estado aconfesional debe ser neutral para garantizar que todas las opciones se visibilicen en igualdad de condiciones.

Para ilustrarlo, ha puesto el ejemplo de la escuela, afirmando que así como no se le pide a un alumno que esconda su nacionalidad o sexualidad para lograr la neutralidad, tampoco se le puede exigir que oculte sus creencias. Ha defendido que la acción social derivada de la fe, como el mandato protestante de amar al prójimo, mejora el mundo y ayuda a los más vulnerables gracias a su participación en la esfera pública. Asimismo, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha recordado que la libertad de expresión protege también las ideas que chocan, inquietan u ofenden, y ha lamentado la hiperpermisividad y tolerancia social hacia la profanación de templos, la burla y el escarnio de los símbolos sagrados, un hecho que las confesiones ya denunciaron conjuntamente en un comunicado en el año 2018.

Como cristiana protestante, Bueno ha reivindicado el derecho a divulgar y propagar la fe —conocido como evangelización—, aclarando que lo único que no queda protegido por la ley es el proselitismo abusivo que utiliza la coacción o la manipulación. Ha enumerado los derechos básicos de la ley orgánica, como la práctica de actos de culto, la recepción de asistencia religiosa, la celebración de ritos matrimoniales y la sepultura digna. También ha subrayado la dimensión colectiva y comunitaria del derecho, avalada por el Tribunal Constitucional, la cual reconoce a las confesiones como sujetos jurídicos con plena autonomía organizativa, vetando cualquier intromisión del Estado en sus asuntos internos.

Para terminar, la ponente ha enumerado las dificultades prácticas que todavía sufren las confesiones minoritarias, tales como las trabas urbanísticas y ordenanzas desproporcionadas que impiden la apertura de lugares de culto dignos dentro de las ciudades, obligándolas a trasladarse a polígonos industriales, así como las trabas para recibir asistencia religiosa normalizada en hospitales y prisiones. Bueno ha cerrado su intervención animando a los asistentes a ejercer la libertad religiosa en todos los ámbitos sin miedo, y ha instado a la Administración a seguir trabajando para eliminar las situaciones de desigualdad y discriminación en una sociedad tan plural como la catalana.